La Argentina atraviesa una crisis de respeto institucional por parte de aquellos políticos que entienden que gobernar es solamente ganar elecciones (o perderlas). Es una confusión peligrosa que supedita el respeto por las reglas de convivencia y organización de la sociedad, a necesidades y privilegios de muy pocos.
Es un signo de los tiempos del nuevo y siempre viejo kirchnerismo: la voluntad de algunos pocos por encima del bien común.
Distintas situaciones de debilidad institucional se repiten en varias provincias argentinas. Y Tucumán se distingue entre las que peor interpreta la división de poderes. Una prueba actual y grosera es lo que viene sucediendo contra el Juez de Cámara de Instrucción tucumano, Enrique Pedicone.
La corporación de políticos que abusan, no ya de la confianza depositada como representantes del pueblo, sino que además se alejan de los problemas de la gente, ha orquestado una campaña contra el magistrado, como si éste fuera empleado del gobierno de turno, o la justicia un apéndice del Poder Ejecutivo provincial.
Desde hace meses Pedicone pasó de denunciar penalmente al vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva, a estar al borde de la destitución de su cargo. La independencia de poderes establecida en Argentina, otra vez, no funciona. No es el sistema el responsable, sino quienes lo ejercen de modo indebido.
Por estas razones no podríamos estar más de acuerdo con lo expresado por Enrique Perdicone:
“la degradación y la obscenidad del escenario puede parecer increíble, exagerado o artificioso para quienes el destino les asignó la posibilidad de vivir dentro de contextos medianamente institucionales y con la posibilidad de que anticuerpos democráticos y republicanos puedan detener la iniquidad”.
Quienes creemos en la Democracia y en la República, no abandonaremos los ideales de igualdad ante la ley y la independencia de poderes. Tucumán, así como el resto del país, solamente crecerá con mayor institucionalidad, transparencia y control sobre todos los poderes del Estado.