El Gobierno de Alberto Fernández, sin plan económico ni plan energético, intentan imponer un nuevo régimen de Biocombustibles claramente contrario al sector y que esconde intereses vinculados con el lobby petrolero.
El proyecto atrasa ambientalmente y desincentiva la inversión. Fija un régimen que va a durar 10 años, en el medio de una pandemia, con variables económicas descontroladas y sin un plan de desarrollo energético integral del cual el gobierno carece.
Transforma al Secretaria de Energía en mandamás absoluto del sector, generando un sistema discrecional donde el Secretario fija precios, volúmenes de venta, limita el ingreso de nuevas empresas, impone multas confiscatoria, generando un mercado limitado y cautivo.
Por otro lado, va en contra del principio de progresividad en materia ambiental, al bajar los niveles de corte entre combustibles fósiles y biocombustibles, violando la Constitución Nacional, y el Acuerdo de París de 2016.
Es un proyecto que atrasa 15 años y nos coloca como país, a contramano del rumbo que el mundo a tomado, en la sustitución progresiva de combustibles fósiles contaminantes en lugar de renovables y ambientalmente sustentable.